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situaciones de discapacidad NOTARÍA AGUAYO

Soluciones frente a situaciones de discapacidad.

La reforma civil y procesal en sede de discapacidad 8/2021 parte de adaptar nuestro derecho al artículo 12 de La Convención de Nueva York de 2006 por el que se reconoce a las personas con discapacidad la misma capacidad jurídica que a las demás. Con ella se pretenden integrar a toda persona en la vida jurídica, reconociendo a las personas con discapacidad un mayor protagonismo. Y en cualquier caso, incluso cuando estén representadas, deberá atenderse a su voluntad y preferencias.
En la práctica notarial y respecto a la persona discapacitada psíquica o mental, el notario – apoyo institucional- se esforzará en indagar su voluntad, apoyando su comprensión, y de ser conveniente requerirá la participación de otros apoyos que faciliten su toma de decisiones de acuerdo con su voluntad y preferencias. Estos apoyos pueden ser voluntarios, designados “ad hoc” para el caso concreto, o permanentes, previamente designados en todo caso por la persona con discapacidad.
Junto a dichas medidas voluntarias encontramos las legales, la tutela (ahora solo prevista para menores de edad), la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho.
La patria potestad se mantiene pero desaparece la posibilidad de su prorroga o rehabilitación para mayores de edad.
El defensor judicial para caso de contraposición de intereses o imposibilidad temporal del tutor, curador o titulares de la patria potestad.
El curador, que puede ser asistencial, concurre a la firma junto con la persona discapacitada, y solo en los casos dispuestos en la sentencia de nombramiento, o representativo, actúa sin la persona discapacitada y requerirá autorización judicial cuando para ciertos actos así lo exija la sentencia o lo determine el artículo 287 del código civil.
El guardador de hecho constituye un apoyo -asistencial- sin otra acreditación que la voluntad de la persona con discapacidad, de modo accidental o permanente, ayudando a la persona con discapacidad a entender y ser entendida. Excepcionalmente pude actuar por su sola voluntad, como apoyo representativo, pero requerirá autorización judicial salvo actos de escasa relevancia económica y carente de significación personal o familiar.
Además, de cualesquiera medidas de apoyo voluntario que pueda prever el interesado como medidas específicas y voluntarias, se dispone:
– De la autocuratela, en previsión de una futura discapacidad se propone por el propio interesado un curador asistencial o representativo, que quedará sometido en su nombramiento a control judicial.
– Del poder que comprenda todos los negocios del poderdante, con cláusula de subsistencia en caso de discapacidad sobrevenida, con el contenido que se le confiera y con necesidad de autorización para ciertos actos previstos en el artículo 287 del código civil, salvo si media dispensa al efecto.
– Del poder sólo preventivo, por si requiere apoyo en el futuro en el ejercicio de su capacidad con el contenido que se le confiera pero con necesidad de autorización judicial para ciertos actos previstos en el artículo 287 código civil, salvo si media dispensa al efecto.
En el ámbito sucesorio se mantiene la sustitución pupilar, prevista por los padres para sus hijos menores de 14 años, pero ha desaparecido la sustitución ejemplar para los de más edad, por lo que habrá de acudirse, como medida de protección para personas discapacitadas, al fideicomiso de residuo, que podrá incluso comprender la legítima de los otros hijos.
También, como ya se venía haciendo, se pueden adoptar en testamento medidas de administración y disposición para los hijos, con o sin discapacidad, así como la designación de tutor o curador para los mismos.

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NOTARÍA AGUAYO

Juras de Nacionalidad ante Notario

El expediente de adquisición de la nacionalidad española se tramita ante el encargado del registro civil del domicilio del solicitante, pero las declaraciones posteriores de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción se podrán realizar también ante notario. Así lo prevé la Instrucción de 16 de septiembre de la DGSJFP, esta deberá llevarse a cabo dentro de los 180 días siguientes a la notificación de la resolución de concesión de la misma.
Debe aportarse la resolución del ministerio de justicia junto con certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen y partida de nacimiento literal, en su caso apostillada y traducida.
Ante notario se realizará la jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes y, en su caso, declarará la renuncia a su anterior nacionalidad (o su conservación por doble nacionalidad) y manifestará su vecindad civil.
Se requiere ser mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí (si es menor de edad deberá comparecer asistido por sus representantes legales, y si es persona con discapacidad con el auxilio o representación prevista voluntariamente o acordada judicialmente.)
Se indicarán los nuevos apellidos conforme a las previsiones legales y reglamentarias.
La inscripción de nacimiento se practicará en el registro civil donde se ha tramitado el expediente, a instancia del propio notario.
La actuación es breve y sujeta a arancel, por tanto, retribuida.
También se podrán realizar ante notario las declaraciones relativas a su conservación, recuperación o pérdida.

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Expediente previo al matrimonio. NOTARÍA AGUAYO

Expediente previo al matrimonio.

La completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ofrece a los ciudadanos la posibilidad de solicitar la previa tramitación de un acta notarial para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, según postula el artículo 58 de dicha norma legal en cuanto al procedimiento para autorización matrimonial.
La Instrucción de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, detalla la tramitación del procedimiento de autorización de matrimonio ante notarios.
El expediente previo a la celebración del matrimonio permite determinar la aptitud para contraer matrimonio entre sí por los contrayentes, en especial la ausencia de impedimentos legales o su dispensa.
Puede tramitarse ante notario, encardado del registro civil del lugar del domicilio de al menos uno de los contrayentes, o en su caso ante el cónsul o funcionario consular competente. Será igualmente exigible para los matrimonios religiosos no canónicos, como el de las confesiones islámicas judías o evangélicas. Distinta es la elección del notario, alcalde o concejal en quien delegue o encargado del registro civil juez de paz concreto para la celebración de la boda, aunque tendrá que determinarse, a opción de los contrayentes, en el propio expediente.
En las poblaciones donde haya más de un notario, no se podrá escoger quien lo tramite, este vendrá dado por su asignación en el turno oficial previsto por los respectivos colegios notariales de acuerdo con la circular 1/2021 de 24 de abril, del Consejo General del Notariado.
El expediente se inicia a instancia de ambos contrayentes, aunque cabe el apoderamiento. pero respecto a la audiencia reservada se requiere la comparecencia personal. En caso de que alguno de los contrayentes no pueda comparecer ante el notario que incoa el expediente, este puede acudir al auxilio de otro compañero para la práctica de la misma, que deberá ser simultánea.
Deberán aportarse las pruebas que correspondan para acreditar el estado civil de los contrayentes, ya sean solteros, viudos o divorciados, así como certificados de empadronamiento, para acreditar la competencia territorial del notario, y de antecedentes penales para acreditar la ausencia de condena penal por muerte dolosa de un cónyuge anterior. Los contrayentes de nacionalidad extranjera requieren además de un certificado consular de aptitud matrimonial.
Se requiere audiencia por separado de los contrayentes, donde normalmente se cumplimenta por escrito un cuestionario, y de una declaración testifical de un testigo propuesto por cada parte. Si alguno de los contrayentes desconoce el idioma oficial se requiere un intérprete, que no debe ser común para ambos en su caso.
De concluir el expediente de forma favorable, se determinará, con arreglo a la nacionalidad y vecindad civil de los contrayentes su régimen económico matrimonial, que podrá ser el pactado en capitulaciones prematrimoniales ante notario, habitualmente el de separación de bienes del código civil para el derecho común.
Tras su conclusión, el matrimonio debería celebrase en el plazo máximo de un año contado desde la fecha de la audiencia reservada, salvo que lo sea en forma religiosa donde el plazo se reduce a seis meses.
Tanto el expediente previo como la celebración de la boda ante notario no son actuaciones gratuitas sino sujetas a arancel, pero permiten por lo general mayor celeridad e intimidad para los contrayentes que la que se obtiene en otros ámbitos competenciales.
En caso de matrimonio en peligro de muerte el expediente se tramita posteriormente a la celebración del matrimonio, pero este requiere la presencia de dos testigos y habitualmente de un dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento y de la gravedad de la situación.

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acuerdo extrajudicial de pagos NOTARÍA AGUAYO

Acuerdo extrajudicial de pagos.

La ley 3/2020 de 18 de septiembre, ley Concursal,  armoniza las disposiciones vigentes sobre la materia, en particular las relativas al acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) artículos 679 a 694.
El promotor del expediente ha de encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente – con un pasivo no superior a los cinco millones de euros- y no haber sido declarado en concurso, de ese modo podrá solicitar del notario la designación de un mediador concursal. Será notario competente,  de la persona física no empresario, el correspondiente al domicilio del deudor.
Las solicitud será por formulario normalizado (orden Jus de 17 de noviembre de 2015), con expresión del inventario de bienes y lista de acreedores,   así como de la estimación de los gastos mensuales previstos.
El mediador se designará por notario en un plazo de cinco días siguientes al requerimiento, y  su aceptación será publicada en el Registro Público Concursal.
Dentro de los diez días siguientes a su aceptación el mediador concursal convocará al deudor y a los acreedores con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos, reunión que deberá celebrase dentro de los treinta días siguientes.
De alcanzarse un acuerdo, este se elevará a escritura pública por el mediador concursal  y se publicará en el Registro Público Concursal.
En caso contrario o de no cumplirse el mismo, queda abierto el concurso consecutivo a instancia del deudor, de los acreedores o del propio mediador concursal.

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Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

     La ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ya en vigor, recoge para determinar la compresión del asesoramiento prestado al prestatario, fiador o hipotecante no deudor, y de acuerdo con el principio de transparencia,  la necesidad  de que, en presencia del notario, se responda a un test  con relación a los documentos recibidos y los datos aportados por la entidad de crédito.
     Forma parte del acta notarial previa a la formalización del préstamo hipotecario, carente de costes arancelarios, y que deberá extenderse al menos un día antes de la autorización de la escritura de préstamo hipotecario.  Implica evidentemente un notable cambio en relación con la regulación anterior, dado que  el deudor, y en su caso los avalistas, deberán  acudir el despacho notarial al menos dos veces, una para el acta de trasparencia, y otra para la firma el préstamo en si.  
     A su vez, y aunque la experiencia irá dictando, implica que el eje del otorgamiento de un préstamo hipotecario se desplaza a la fase precontractual de asesoramiento, dado que esta habrá de ser prestado tanto por la entidad financiera como por el notario.  A su vez la segunda fase, el otorgamiento del préstamo hipotecario, implicará una mayor agilidad por razón de la adecuada comprensión previa.
     El test será individual para cada interviniente, sin perjuicio del carácter conjunto del asesoramiento. Puede contestarse por escrito o verbalmente y se resuelve contestando “si/no” a unas veinte cuestiones.  En cualquier caso, no se trata de un examen, de aprobar o suspender, sino de ponderar, a juicio del notario  la comprensión de toda la información suministrada.  Analizados los fallos por el notario, este insistirá en reforzar su asesoramiento en los puntos más débiles, respondiendo a cuantas  preguntas y consultas le hagan los intervinientes. 
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Reglamento Hipotecario

Se trata del reglamento de la ley de los contratos de Crédito Inmobiliario, aunque en realidad solo desarrolla algunos aspectos y en consecuencia queda pendiente todavía una  normativa  posterior. Entre otros aspectos se ocupa de la novedosa acta  de transparencia y de la remisión telemática de la documentación entre la entidad de crédito y el notario, que permitirá disponer  de los datos necesarios tanto para el acta como para la escritura de préstamo hipotecario posterior.

El prestatario, tanto para el acta como para la escritura de préstamo, comparecerá personalmente o   por poderes suficientes.

El notario comprobará la información suministrada por la entidad prestamista  y de apreciar error u omisión lo comunicará al prestamista para su subsanación, sin que hasta  que toda la información esté correcta y completa se inicie el plazo de los diez días naturales que han de transcurrir desde la entrega de la documentación requerida  y el otorgamiento del préstamo hipotecario, y que permitirá  fijar la fecha de firma de la escritura de préstamo.  
 

El reglamento se complementa con dos órdenes ministeriales:

.- Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
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Crédito Hipotecario

Nueva regulación del crédito hipotecario. Novedades relevantes.

La nueva ley pretende, ante todo, dotar de una marco jurídico estable al crédito hipotecario,  en materia de clausulas abusivas y transparencia, tras las vicisitudes acaecidas con ocasión de la crisis ecónomica.

Ámbito de aplicación.

Esta   Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito Inmobiliario, resulta  aplicable solo a las personas físicas,  ya sean prestatarios o garantes,  en préstamos o créditos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial,  construídos o por construir. Sean o no consumidores.
 Respecto a los contratos anteriores a su entrada en vigor, se aplicará a las novaciones o subrogaciones de contratos preexistentes  suscritas posteriormente, y a las cláusulas de vencimiento anticipado de contratos anteriores cuyo vencimiento no se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la LCCI;  el 16 de junio de 2019.

El Acta previa notarial y el test.

La entidad financiera debe, al menos diez días naturales antes de la formalización del contrato, entregar  la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) –  la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), una copia del proyecto de contrato, información de los gastos que corresponden al prestamista y prestatario, las condiciones de los seguros de daños sobre el inmueble o en garantía del cumplimiento que en su caso se exijan por el prestamista para la concesión del préstamo, y la advertencia del prestamista de que el prestatario ha de recibir asesoramiento personalizado del Notario en los préstamos formalizados en escritura pública.
El interés remuneratorio en dichas operaciones no podrá ser negativo.
Al menos un día antes de la autorización de la escritura, el prestatario comparecerá ante  Notario, para que,   por acta notarial,  conste el cumplimiento de los requisitos legales, la resolución de las  cuestiones planteadas por el prestatario, su debido asesoramiento por el Notario, y que, en presencia del mismo,  ha procedido el prestatario a responder a un TEST en relación con lo expuesto.
El acta no tendrá coste alguno.

Limitaciones en el vencimiento anticipado, en el interés de demora, y en el tipo de subasta.

 El prestatario pierde el derecho al plazo y se produce el vencimiento anticipado si se encuentra en mora el pago de una parte de capital o de los intereses, siendo la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalente:
  1. a)  al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo.
Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.
  1. b) al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo.
Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.
En ambos casos, es necesario, que en todo caso, el prestamista haya requerido el pago al prestatario, concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole  que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.
Este régimen, de vencimiento anticipado, será tambien aplicable a los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta ley, siempre que este se produzca  con posterioridad, vigente la nueva normativa.
El interés de demora será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible.
  El tipo de subasta ha de ser coincidente con el valor tasación en todo caso, debiendo ser igual para la venta extrajudicial, ante notario, y para la ejecución directa, en sede judicial.
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LEY SOCIEDADES DE CAPITAL. APORTACIONES A CAPITAL SOCIAL

La ley 11/2018 de 28 de diciembre y con efectos 01/01/2019, modifica la ley de Sociedades de Capital, con lo que rompe con el criterio ya tradicional en nuestro derecho en sede de sociedades limitadas de exigir la acreditación de las aportaciones dinerarias al tiempo de otorgarse la escritura de constitución de la sociedad, sin perjuicio de mantener la opción.
Ahora ya no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de Sociedades de Responsabilidad limitada si los fundadores -los socios iniciales- manifiestan en la escritura que responderán solidariamente- cada uno por entero de la realidad de la aportación- frente a la misma sociedad y también frente a los eventuales acreedores sociales de la realidad de las mismas, por lo que ya no es preciso acreditar ante Notario la realidad de la aportación por certificado bancario de deposito.
En la práctica se suele seguir acreditando la aportación, aunque es de suponer que se generalizará con el tiempo. Su finalidad es clara, facilitar los trámites de constitución de sociedades limitadas aunque puede conllevar ciertos riesgos, sobre todo por que se ha admitido de forma indiscriminada sin distinción de importes por lo que puede admitirse cualquiera que sea la cifra de capital social, por alta que sea.
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Certificado sucesorio europeo

Me han solicitado un certificado sucesorio europeo, lo que me ha exigido acercarme a una figura,  que aunque sabedor de su existencia, resulta alejada de la práctica cotidiana de la mayoría de los  despachos.
Es por tanto de uso muy infrecuente en la práctica jurídica española,   aunque se contempló por vez primera en el Reglamento Europeo de Sucesiones 605/2012 del Parlamento Europeo, con el fin de habilitar un titulo sucesorio internacional en el ámbito de la Unión Europea, superando las barreras formales y sustantivas transfronterizas, ya sea en la esfera judicial o extrajudicial. Si por ejemplo se otorgó un testamento o declaración de herederos intestados ante notario español que se quiere hacer valer en Alemania, tengo la opción de  acudir al certificado sucesorio ante el Notario o  sucesor que autorizo el mismo, donde conforme  a un formulario tipo se aseveran las cuestiones básicas de la sucesión, tales como la ley aplicable a la sucesión y la cualidad jurídica de los interesados en la sucesión (herederos, legatarios, albaceas…) y sus facultades e intereses. Suele exigirse ante todo en la práctica bancaria a fin de posibilitar la retirada de fondos o valores del causante radicados en otro país miembro de la UE.
En los certificados no caben referencias a bienes concretos salvo que los resulten directamente del propio titulo sucesorio, caso de un legado por ejemplo.
Por seguridad, y a diferencia del titulo ejecutivo europeo, circula no el original sino su copia, autorizada y parcial en cuanto al acta que lo protocoliza, y siempre con efectos temporales limitados a seis meses salvo excepciones debidamente justificadas.  Para facilitar su libre circulación se suprime la legalización o apostilla de la Haya.
Con el certificado sucesorio europeo dentro del ámbito de la Unión Europea, se superan las dudas y recelos que a las autoridades de un país les pueda suscitar la titulación sucesoria de otro Estado, ante el desconocimiento de la ley aplicable al fondo y sus exigencias formales.
Tanto la formulación de la solicitud del certificado, como para la expedición del certificado mismo, encontramos en la web e-justice.ue formularios en Word para su cumplimentación.
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Parejas de Hecho

Por ley 7/2018 de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se regulan por vez primera en Murcia las uniones estables de pareja al margen de la institución matrimonial. Hasta la fecha los distintos municipios a través de sus ordenanzas contemplaban este fenómeno de manera aislada, con sus propios registros, y sin la uniformidad que la sociedad demandaba.
Pueden formalizarse directamente ante el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma  o bien en otro documento público inscrito en el mencionado registro,  por escritura pública o cualquier otro  medio de prueba admisible en derecho.
El artículo tres determina los requisitos a cumplir, lo que en la práctica determinará la necesidad de aportar  el libro de familia o partidas de nacimiento relativas a los interesados, a fin de constatar su estado civil (mayor de edad, soltero, viudo o divorciado) y relación de parentesco.
Como presupuesto indispensable  uno al menos  de los miembros de la pareja  deberá encontrase empadronado  y tener su residencia en el ámbito territorial de la Región de Murcia, por lo que deberá aportarse igualmente certificativo acreditativo de ello.
En lo que afecta a los beneficios respecto a la función pública, prestaciones sociales, y normativa de derecho público en el ámbito de la Comunidad de Murcia, se entiende equiparada la pareja de hecho al matrimonio.
Respecto a beneficios fiscales previstos en la normativa autonómica de Murcia respecto a los cónyuges, estos se hacen extensivos a los miembros de la pareja de hecho. Esto cobra especial importancia en cuanto al impuesto de donaciones y sucesiones, dadas las importantes bonificaciones, casi exenciones, que concurren en la actualidad.